El fallo corresponde a la Justicia comercial. No hubo acuerdo por el salvataje.
La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó este lunes la quiebra del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, y le otorgó cinco días para poner a disposición de la Justicia todos los bienes de la compañía postal.
“Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina. Requiérasele asimismo a este último, que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta”, sostuvo la jueza.
Además, intimó al Correo, “sus apoderados y terceros para que, dentro del quinto día, entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Intímesela asimismo para que -dentro de las 24 horas- entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad”.
En el fallo, Cirulli describe la situación actual de la empresa como “ruinosa”, dice que “no tiene actividad comercial” y que no puede “afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios -que se satisfacen mediante donaciones societarias- y con un desmesurado pasivo concursal y postconcursal”.
Cabe recordar que el Correo Argentino S.A. ofreció pagarle al Estado, de una sola vez y como toda deuda, 1.011 millones de pesos, en su última oferta. La cifra representa bastante más que los 296 millones (a pagar en cuotas) que estuvo dispuesto a aceptar el Gobierno del propio Macri pero mucho menos de los más de 5.000 millones que reclama la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
Sin embargo, la PNT rechazó la propuesta de salvataje que incluía pagarle a los demás acreedores en 10 cuotas anuales; pero también el Banco de la Nación Argentina y un grupo de acreedores con créditos laborales legitimados tampoco prestaron conformidad.
